La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las entidades financieras cederán a las administraciones 26.000 viviendas de su propiedad para alquiler social, de ellas 15.000 de la Sareb y 11.000 de los bancos, aunque de estas solo 2.000 serán nuevas aportaciones.

Tras la firma del protocolo en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que de las 10.000 unidades que la Sareb cede al Estado 5.000 se van a poner a disposición a corto plazo para atender situaciones de vulnerabilidad y las otras 5.000 serán a medio plazo.

Estas se sumarán a las 5.000 que el llamado 'banco malo' ha acordado con diversas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que hará que el paquete global del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables alcance un total de 15.000 pisos.

A cambio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se hará cargo del coste de la rehabilitación y el adecuamiento de las viviendas que lo necesiten antes de ser arrendadas por un precio fijado y unas condiciones limitadas.

Por otro lado, las entidades financieras aportarán vivienda de su propiedad a precios reducidos para familias que han perdido su casa por impago de la hipoteca o como resultado de una dación en pago.

El compromiso de las entidades es aumentar en un 10 % el número de viviendas que ya aportan al fondo, y que actualmente es de 9.000 unidades, con lo que a partir de ahora serán 11.000.

El acuerdo del Gobierno con la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector amplía de esta forma su vigencia hasta enero de 2022.