La Comisión Europea ha aprobado este lunes el plan español para dar avales por 2.550 millones de euros a empresas y trabajadores autónomos que se encuentran en situación concursal pero están cumpliendo el calendario de pagos, a pesar de los daños generados por la pandemia de coronavirus.
La Comisión explica en un comunicado que este plan de garantías públicas apoyará a unos 15.000 autónomos y entidades que se se encontraban en concurso de acreedores entre el 14 de marzo y el 20 de junio, periodo durante el cual el Gobierno español aplicó medidas restrictivas para limitar la propagación del virus.
Bruselas entiende que la medida es proporcionada, ya que la compensación prevista no excede de lo necesario para reparar los daños y perjuicios, por lo que concluye que el régimen se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE.
Con el visto bueno de la Comisión, el Gobierno podrá ahora aprobar el plan en Consejo de Ministros. El objetivo de este régimen es ofrecer a estas empresas acceder a las líneas ICO en as mismas opciones que una empresa corriente, ya que hasta ahora las compañías en concurso habían quedado excluidas de éstas líneas de financiación avaladas por el Estado.
Expediente por la ley de servicios audiovisuales
Por otra parte, el brazo ejecutivo comunitario ha abierto expediente contra España y otros veinte estados miembros por su retraso en transponer las nueva directiva comunitaria sobre servicios audiovisuales, toda vez que el plazo para hacerlo expiró el pasado mes de septiembre.
"Ya es hora de que los Estados miembro trasladen las reglas y que lo hagan bien", ha asegurado la vicepresidenta comunitaria responsable de Justicia, Vera Jourova, en un comunicado.
La nueva directiva europea está dirigida a crear un marco regulatorio que coordinase todos los medios audiovisuales, desde los servicios de televisión y bajo demanda hasta las plataformas de compartir contenido. El objetivo era adaptar la regulación a la edad digital y reforzar la protección de los espectadores, en particular de los más vulnerables como los menores de edad, así como salvaguardar un mayor pluralismo.
Tan solo cuatro países de la UE han adaptado su legislación a los nuevos requerimientos audiovisuales comunitarios, cuya fecha límite para hacerlo fue el pasado 19 de septiembre. Estos estados son Dinamarca, Hungría, Holanda y Suecia.