La gestión de las peticiones de créditos con aval público por parte de empresas y autónomos es la principal tarea que se desarrolla en las últimas semanas en las oficinas bancarias. Desde su aprobación en marzo, por una cuantía total de avales de 100.000 millones de euros, las empresas españolas han recibido 40.000 millones de euros. El Estado responde por 30.192 millones de euros y la banca asume el riesgo de impago por los 808 millones restantes. Estas líneas de crédito avalado tienen una finalidad muy clara, suministrar a las empresas y autónomos liquidez urgente con la que sostener el pago de los salarios, los gastos y las necesidades de circulante ante la parálisis de actividad que impone el confinamiento. Quedan fuera aquellos que figuren en el registro de morosos y los que estén inmersos en un concurso de acreedores a fecha de 17 de marzo de este año. El plazo para su solicitud finaliza el 31 de diciembre de este año.

“Su tramitación online ha sido fácil. Las pymes y autónomos suelen trabajar con gestorías y es habitual tener los documentos necesarios escaneados. Algunos créditos ICO tardan en concederse dos o tres días y otros quince, pero no nos han rechazado nada”, asegura Sonia Bañuelos, interventora en Banco Sabadell. Tras la tramitación en la oficina bancaria, es el ICO quien se asegura de que el solicitante cumple los requisitos, muy básicos, para la concesión.

Intereses controlados

Por parte del banco, las reglas están muy claras. No se puede en ningún caso vincular la tramitación del crédito a la contratación de otro producto bancario, como un seguro de vida. Y el tipo de interés del crédito, establecido por el banco, deberá estar en línea con el aplicado antes de la pandemia. Además, y puesto que el Estado asume entre el 60% y el 80% del riesgo, el banco debe trasladar al cliente esa ventaja, facilitando un menor tipo de interés, un mayor plazo o algún tipo de carencia. En Bankia solo se pagan intereses y no capital el primer año, de los cinco de plazo de amortización, si bien se aplica una comisión de apertura del 0,5%. De hecho, las comisiones y otros gastos del crédito no están cubiertos por el aval.

Los requisitos

El solicitante tendrá que estar en situación de desempleo a causa del Covid- 19 o si es autónomo, sufrir una caída de las ventas de al menos un 40%; el conjunto de los ingresos de la familia no podrá superar, en el mes previo a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Iprem (este año fijado en 537,84 euros al mes), si bien esa limitación se amplía en caso de familiares en situación de dependencia y cuando hay hijos o mayores a cargo. Un tercer requisito, que se suma a los anteriores, es que la cuota de la hipoteca, más los gastos básicos como la electricidad, el gas, el agua o el teléfono, resulte superior al 35% de los ingresos netos familiares. Y que a consecuencia de la pandemia, el esfuerzo de pagar la hipoteca en relación a la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3 veces.

El aplazamiento en el pago lo pueden solicitar no solo quienes pidieran hipoteca para pagar su casa sino también para las hipotecas sobre inmuebles vinculados a la actividad de un autónomo o para segundas viviendas alquiladas y por las que el casero haya dejado de percibir el pago de su inquilino a causa del coronavirus. La moratoria hipotecaria, que se extendió después a los créditos al consumo, podrá solicitarse hasta 15 días hábiles después de que haya finalizado el estado de alarma, que está prorrogado hasta el 24 de mayo. Para los clientes que quedan fuera de los requisitos de esta moratoria del Gobierno, la banca también está dando facilidades y ha concedido el aplazamiento del pago de préstamos –se paga solo los intereses, no el capital, en las hipotecas durante doce meses– a 51.626 clientes.

Los préstamos del Gobierno para el pago del alquiler han tardado más tiempo en salir adelante que la moratoria hipotecaria, ante el riesgo de llegar a perjudicar también al casero. Pero a cambio del retraso, se ha abierto un poco más la mano en el cumplimiento de los requisitos, puesto que para acogerse a ella los ingresos familiares no podrán ser superiores a cinco veces el Iprem (lo que equivale a 2.698,2 euros). También habrá que acreditar haberse quedado en paro a causa del coronavirus, o sufrir el cese de actividad en el caso de los autónomos, y que la renta más el pago de suministros básicos supere el 35% de los ingresos netos que recibe el hogar.

Estos préstamos son por un importe de hasta seis mensualidades, de un máximo de 900 cada una, de modo que el banco abonará al cliente el dinero cada mes, con el fin de garantizar que ese dinero va destinado al pago del alquiler. En definitiva, el tope para endeudarse con el banco es de 5.400 euros y el plazo para solicitar este tipo de créditos se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre. El plazo inicial del crédito es de seis años y se puede contar con una carencia de seis meses antes de empezar a devolverlo. El pago de los intereses corresponde al Estado, por lo que el solicitante solo devuelve la cantidad que pida prestada al banco, que no podrá vincular la concesión del crédito a la contratación de ningún otro producto.

Acreditar que no se posee vivienda

Este tipo de crédito blando ha comenzado a estar disponible en las oficinas desde esta misma semana pasada, una vez quedaron definidas sus condiciones en el BOE, aunque fuentes financieras reconocen que su tramitación aún no está siendo efectiva, a falta de una herramienta específica que facilite la operativa.

Para el solicitante presenta un obstáculo burocrático añadido puesto que deberá acreditar que no es propietario de ninguna vivienda, ni él ni ninguno de los miembros de la unidad familiar. Será necesario presentar ante el banco un certificado catastral o una nota simple del registro de propiedad para cada miembro de la unidad familiar, una tarea más difícil al no poder obtener tales documentos de forma presencial.