Alemania ha sido la última potencia en sumarse a la creación de este tributo, que ya está vigente en Francia y aprobado en España.
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es una figura impositiva que se ha expandido por Europa, en Francia ya está vigente, en Alemania lo estará en 2021 y en España está en el aire, aunque el Consejo de Ministros lo aprobó en enero de 2019, pero no se llegó a desarrollar por la convocatoria de elecciones en abril y noviembre. Esta figura trata de gravar en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, o del lugar en que se negocien. Es decir, es un impuesto que afectará a todos los inversores, independientemente del volumen de los invertido y de su residencia de origen.
“La idea de este tipo de impuesto surgió en medio de la crisis financiera y de deuda como instrumento para refrenar el sector financiero. El objetivo de los legisladores era dificultar la negociación de determinados instrumentos financieros, y así contribuir a que los mercados sean más seguros a largo plazo. En la práctica no es así”, señalan desde la gestora alemana Flossbach von Storch, que han expresado su oposición a esta tasa mediante varias misivas al ministro de Finanzas, Olaf Scholz.
La idea, en un principio, es que la tasa recaiga sobre las gestoras y las entidades que compran las acciones, sin embargo, el Tribunal de Cuentas francés advirtió en 2017 de que los más perjudicados en todos estos años de aplicación han sido los clientes, que son quienes en último término han tenido que pagar la tasa. Es decir, que ese 0,2% se convertiría en una nueva comisión para los inversores. “Los bancos se limitan a recaudar el impuesto, pero son los accionistas quienes lo pagan, por lo que también afecta a los titulares de fondos, seguros y pensiones”, señalan en la gestora alemana en su misiva al ministro.
En el caso español, el tributo se aplicará cuando se compren acciones de compañías con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Esto quiere decir que afecta a todo el Ibex 35 y a más de la mitad de las cotizan en el mercado continuo. La idea es recaudar 850 millones de euros anualmente con esta figura. En el mercado se da por hecho que lo pagará el inversor, directamente o trasladado por el intermediario en forma de comisión. Lo que se contempla es que finalmente lo acaben asumiendo casi exclusivamente los pequeños inversores que invierten directamente en Bolsa o que ahorran a través de fondos.